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La crisis provoca el abandono de miles de embarcaciones en España

Miles de embarcaciones han sido abandonadas en las marinas y puertos, en la mayoría de los casos debido a la actual crisis económica, según los datos del sector, que trabaja para que la administración apruebe una fórmula que permita resolver un problema que pone en riesgo la seguridad de la navegación y el medio ambiente.

La Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos (FEAPDT) trabaja para encontrar un mecanismo con el que solucionar esta situación.

La crisis ha provocado que muchos propietarios de embarcaciones hayan dejado de mantener sus embarcaciones, en algunos casos llegando a abandonarlas, lo cual supone un riesgo para la seguridad de la navegación y el medio ambiente, así como el riesgo de que la embarcación se acabe hundiendo. Además estas embarcaciones ocupan espacio que se desaprovecha para la gestión del dominio púbico.
Abandonado

Según las cifras que se manejan, en los puertos españoles permanecen abandonadas unas 4.500 embarcaciones de recreo de más de 4,5 metros de eslora, y entre 10.000 y 12.000, si se tienen en cuenta barcos de menor tamaño (como neumáticas o embarcaciones de vela ligera). Además, en los próximos años, una parte importante de la flota superará los 25 años de edad, lo que supone, en la mayoría de modelos, el fin de su vida útil.

Es decir, cada año se incorporarán entre 750 u 1.000 unidades al censo de embarcaciones fuera de uso, y según el presidente de la FEAPDT, la cifra a finales de 2014 será de unas 13.000 embarcaciones ubicadas en puertos, varaderos, talleres y naves de pupilaje que habrán llegado al final de su vida útil.

Ante esta situación, el sector de la náutica reclama una regulación que permita a los gestores impulsar los procesos de abandono de embarcaciones de recreo y su posterior desguace.

La recientemente aprobada Ley de Navegación Marítima , ha recogido en parte estas reivindicaciones, aunque no se ha logrado que se apruebe el procedimiento de subasta notarial. Sin embargo, en su disposición adicional undécima establece que en el plazo de seis meses el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para regular el abandono de bienes muebles y los procedimientos de venta, subasta notarial, electrónica y enajenación de los mismos.
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