La propuesta de la Dirección General de la Marina Mercante enviada hace unos días a los agentes sociales sobre un cambio en las titulaciones náuticas, ha provocado el rechazo de la mayoría de las pequeñas náuticas, de las federaciones deportivas y de las escuelas náuticas de recreo.
Salvo los vendedores de embarcaciones de esloras grandes y algunos usuarios que esperan aumentar sus atribuciones sin tener que acceder a una nueva titulación, el sentir mayoritario es que los cambios propuestos supondrán un retroceso en la náutica de recreo y un descenso del número de titulados náuticos en los próximos años. El descontento de los agentes sociales les está haciendo plantearse el consensuar una postura común para reconducir la propuesta en una dirección diferente a la de la Dirección General de Marina Mercante, aún en fase de alegaciones.
Algunas Comunidades Autónomas ya se han mostrado en contra de que se cedan los exámenes a las las federaciones deportivas y a las escuelas náuticas, por la pérdida de ingresos que supondrá para estas y por la ausencia de garantías de que los exámenes se realicen con el rigor necesario.
Entre los motivos de quienes rechazan esta propuesta es el incremento del coste para acceder a las titulaciones, por el aumento de horas de prácticas, y por la mayor dificultad para obtener los títulos de menores atribuciones, que podría repercutir en menos ventas de embarcaciones, la ausencia de medidas de control en los exámenes realizados por las federaciones y por las escuelas, y el aumento de las atribuciones del P.E.R hasta 24 metros con solo dieciséis horas de prácticas, ninguna de ellas nocturna, que podrían haberse realizado en una embarcación de seis metros, a costa de aumentar el contenido teórico y las prácticas de radio de las dos horas actuales a dieciséis.
Ante esta situación no parece que a corto plazo pueda entrar en vigor una normativa consensuada por los agentes sociales, lo que provocará que la Dirección General de la Marina Mercante opte una de estas por tres posibilidades: imponer su criterio en contra de gran parte del sector, abrir una nueva línea de trabajo para acercar posturas o descartar finalmente el cambio de normativa, como ya ocurrió con la propuesta que circuló en el año 2011.
